El Río San Juan y el problema de la memoria histórica en los litigios internacionales.
Introducción
En el derecho internacional, la historia no es un mero antecedente narrativo: es un insumo estratégico. Los tratados, los laudos arbitrales y las sentencias internacionales se interpretan —explícita o implícitamente— a la luz de contextos históricos que otorgan sentido a conceptos como soberanía, uso, control efectivo y legitimidad.
El caso del Río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua constituye un ejemplo singular de cómo la omisión deliberada de un episodio histórico clave —la Campaña de Tránsito de 1856–1857— ha generado un vacío narrativo que ha condicionado, durante más de un siglo, la posición jurídica y política costarricense.
Este artículo propone una tesis sencilla pero incómoda: cuando un Estado renuncia a integrar plenamente su historia en su argumentación jurídica, se debilita estructuralmente su defensa soberana.
La Campaña de Tránsito: un hecho histórico con valor jurídico
Entre diciembre de 1856 y marzo de 1857, Costa Rica ejecutó en el Río San Juan una operación militar fluvial de gran complejidad estratégica. Bajo el mando del mayor Máximo Blanco Rodríguez, fuerzas costarricenses capturaron vapores, bloquearon la Ruta del Tránsito —principal corredor interoceánico previo al Canal de Panamá— y desarticularon la logística filibustera de William Walker.
Desde una perspectiva contemporánea, esta campaña reúne elementos que hoy serían considerados relevantes en términos de derecho internacional:
- ejercicio efectivo de control sobre una vía estratégica
- uso militar organizado y sostenido
- administración de recursos capturados
- defensa de la integridad territorial frente a una amenaza transnacional
Sin embargo, este episodio no fue integrado de manera sistemática en la narrativa oficial costarricense ni en su proyección diplomática posterior.
Del siglo XIX al siglo XX: la construcción del silencio
El silenciamiento de la Campaña de Tránsito no fue accidental.
En el siglo XIX, el conflicto político interno posterior a la guerra, las tensiones entre facciones y el destino trágico del presidente Juan Rafael Mora generaron una narrativa selectiva del pasado. Algunas figuras fueron exaltadas; otras, como Máximo Blanco, quedaron relegadas a los márgenes.
En el siglo XX, particularmente tras la creación de la Segunda República, este silencio fue heredado y normalizado. La nueva identidad nacional, centrada en la desmilitarización y el pacifismo, tendió a minimizar los episodios militares complejos que no encajaban con el relato fundacional.
El resultado fue una historiografía incompleta que, sin proponérselo explícitamente, dejó fuera un antecedente con potencial impacto jurídico y geopolítico.
Tratados, laudos y litigios sin una historia completa
Desde el Tratado Cañas–Jerez (1858) hasta los laudos arbitrales de Cleveland y Alexander, y más recientemente las sentencias de la Corte Internacional de Justicia en La Haya (2009, 2015), Costa Rica ha defendido con éxito parcial sus derechos de navegación y ciertos principios jurídicos.
No obstante, estas defensas se han construido sin incorporar de forma explícita la Campaña de Tránsito como antecedente histórico-operativo.
Ello ha generado una paradoja:
Costa Rica ha defendido el derecho, pero ha renunciado a defender la historia que le daba densidad al derecho.
En términos prácticos, esto ha permitido que la narrativa regional y global perciba el conflicto como una disputa meramente jurídica, desvinculada de un pasado en el que Costa Rica ejerció control efectivo sobre el corredor fluvial.
Memoria, soberanía y futuro interoceánico
Hoy, cuando el mundo vuelve a mirar hacia Centroamérica como espacio estratégico para rutas interoceánicas, infraestructura logística y alianzas geopolíticas, el caso del Río San Juan adquiere una nueva dimensión.
La memoria histórica deja de ser un asunto académico y se convierte en un activo estratégico.
Reintegrar la Campaña de Tránsito en la comprensión contemporánea del conflicto no implica reabrir disputas ni cuestionar fallos judiciales. Implica algo más profundo: restaurar la continuidad histórica necesaria para que un país negocie desde una posición de mayor claridad, legitimidad y visión de largo plazo.
Conclusión
El Río San Juan no es solo un límite geográfico ni un objeto jurídico. Es un espacio donde historia, derecho y geopolítica convergen.
Cuando una nación acepta una memoria fragmentada, también acepta una soberanía fragmentada.
La recuperación crítica de episodios como la Campaña de Tránsito no busca glorificar el pasado, sino completarlo. Y solo una historia completa permite construir estrategias jurídicas y políticas a la altura de los desafíos del siglo XXI.
Nota editorial
Este artículo forma parte del proyecto intelectual que acompaña la trilogía Las Aguas Amargas del San Juan – Aguas Silenciadas – La Frontera del Agua, dedicada a analizar la relación entre memoria histórica, soberanía y geopolítica en Centroamérica.
